Portal de información sobre  ayudas a la vivienda para jóvenes

Son aquellas viviendas cuya tipología, dimensiones y precios están reglamentadas por la Administración, como condición para poder acogerse a determinadas ventajas tanto económicas como fiscales por parte de los compradores, los cuales, a su vez, deben reunir unas condiciones en cuanto a titularidad de inmuebles, ingresos familiares, etc.

La que constituye el domicilio de residencia efectiva, continuada y permanente de la unidad familiar o de convivencia durante un plazo de, al menos, tres años. Se considera residencia permanente aquella en la cual se pase, al menos, seis meses al año.

Son unidades residenciales diseñados para un pequeño grupo de personas que, aunque tuteladas por personal especializado, gozan de autonomía para el autocuidado y por tanto necesitan un nivel mínimo de apoyo. El estilo de vida en estas viviendas estimula la convivencia en pequeños grupos, la participación y la toma de decisiones en cuanto a las tareas domésticas.

La descalificación voluntaria tiene lugar cuando el propietario de una vivienda de protección oficial solicita, una vez transcurrido el plazo que establezca el Plan de Vivienda al que esté acogida, que esta vivienda deje de estar bajo este régimen y se convierta en vivienda libre, con las consecuencias legales que conlleva (entre ellas la devolución de las ayudas recibidas).

Son viviendas promovidas por la Administración que se destinan principalmente a familias en situación de especial necesidad.

Es una vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada.

Son viviendas de protección calificadas como tales por la Administración de la Comunidad Autónoma según los planes estatales y aragoneses de vivienda y suelo. Para acceder a ellas tienes que estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de Aragón.

En la Comunidad de Madrid son aquellas viviendas de protección pública en régimen de alquiler. La Administración fija la renta máxima que debe pagar el inquilino. Para poder alquilar una vivienda de protección el inquilino debe cumplir una serie de obligaciones y requisitos reflejados en el contrato de alquiler.

En la Comunidad de Madrid son las viviendas de protección pública en régimen de alquiler y con opción a comprar por el inquilino.

Son aquellas dirigidas a un sector de la población necesitado de una especial protección social, regulándose sus diferentes aspectos mediante convenios entre las Administraciones Públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Se trata de un documento expedido por la Administración a fin de controlar las condiciones de salubridad e higiene de los edificios destinados a vivienda y alojamiento. Es imprescindible su obtención para contratar el alta de los servicios de agua, gas y luz y tiene vigencia durante los 15 años posteriores desde la fecha de expedición.

A partir del 1 de enero de 2004 todas las viviendas han de disponer de cédula de habitabilidad. La cédula ha de contener la superficie útil de la vivienda y el número de personas que, según la normativa, se recomienda que pueden habitar en condiciones adecuadas.

Se considera que una persona tiene necesidad de vivienda cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

- Carecer de la misma en propiedad, alquiler o usufructo.

- Residir en viviendas con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuada.

- Estar en situación de quedar privado de la vivienda por expropiación, desahucio o provisionalidad por razones de emergencia.

La regulación de estas circunstancias puede variar dependiendo de cada Comunidad Autónoma.

Son aquellas que corresponden a cada unidad familiar en un edificio aislado o agrupado horizontalmente, con acceso independiente y exclusivo.

Es una de las facultades que integran el derecho de propiedad. Consiste en obtener la utilidad de una cosa. El propietario puede ejercer el uso y goce directamente o bien concederlo a otras personas sin que esto implique transmitir la propiedad.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del arrendamiento o alquiler, en el cual el propietario cede el uso y goce de una vivienda durante un tiempo al inquilino, que se obliga a devolvérsela cuando finalice el plazo pactado.

Son viviendas ecológicas diseñadas para aprovechar al máximo los recursos naturales y que logran una reducción en el consumo de energía y de agua, y evitan la emisión de contaminantes que puedan perjudicar el medio ambiente.

Son una modalidad de viviendas protegidas de gestión pública previstas en el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León. En este sentido, uno de los objetivos marcados en el Pacto del Suelo es que el Gobierno regional debe promover la construcción de 1.000 viviendas protegidas de gestión pública al año, para atender las necesidades de las familias con menos ingresos.

Se trata de una asociación autónoma de personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones de vivienda. Estas asociaciones tienen personalidad jurídica propia y su funcionamiento se basa en la participación democrática de los socios. Con la fórmula de la cooperativa de viviendas desaparece la figura del promotor. El comprador de la vivienda, convertido en socio cooperativista, se ahorra el beneficio empresarial que le correspondería a dicho promotor.

Cuando una vivienda no se adecua a la composición familiar del solicitante, teniendo una superficie útil, igual o inferior a 8 m2 por ocupante, y en todo caso, una superficie útil, igual o inferior a 25 m2 hasta 3 personas y de 32,66 m2 para cuatro.

Bajo esta denominación se incluyen las viviendas construidas por la Administración y destinadas, principalmente, a familias en situación de necesidad. Los ingresos familiares ponderados deben ser inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Retener la vivienda por mandato judicial, para garantizar el pago de una deuda. La vivienda queda sujeta al resultado de un procedimiento o juicio.

Son aquellas viviendas protegidas cuya promoción es efectuada sin ánimo de lucro por las Administraciones Públicas a quien expresamente se atribuye esta competencia dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

Son aquellas viviendas protegidas de iniciativa privada, cuyos promotores pueden acogerse a las ayudas que se prevén en los Planes de Vivienda, siempre que dichas viviendas cumplan con los requisitos exigidos en la legislación vigente.

Son aquellas viviendas de protección pública promovidas o adquiridas directamente por la Comunidad Autónoma, o a través de una empresa pública. Tendrán un precio máximo de venta por metro cuadrado. Para acceder a ellas será preciso cumplir unos requisitos que pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que esté ubicada la vivienda.

Es aquella promovida por una persona física o jurídica que, individualmente o colectivamente (cooperativas o asociaciones), impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos (por ejemplo, préstamos bancarios), la construcción de dicha vivienda, según lo establecido por la normativa vigente.

Son una categoría de viviendas que admiten algunas Comunidades Autónomas, a través de la cual se otorgan a estas viviendas de una serie de ventajas y restricciones semejantes a las existentes para la vivienda protegida (precio máximo legal de venta, plazo mínimo para segundas transmisiones, etc.). Tratan de ser una figura intermedia entre la vivienda protegida tradicional y la vivienda libre, y están dirigidas a sectores de la población con dificultades para adquirir una vivienda libre, pero que, o bien no cumplen con los todos los requisitos exigidos para acceder a la vivienda protegida, o bien la consideran más aconsejables para sus circunstancias individuales.

Son aquellas viviendas protegidas dirigidas a personas con bajos recursos económicos, y que tienen un precio máximo de venta acorde a los ingresos del adjudicatario.

Desalojar una vivienda es desocuparla, bien voluntariamente o por decisión judicial. Por lo tanto, el realojo sería la acción de volver a alojar a alguien en otra vivienda.

Conjunto de propietarios de un edificio titulares de los departamentos, niveles o pisos individuales que lo conforman, y que disfrutan de los elementos comunes existentes en el mismo. Se rige por la Ley de la Propiedad Horizontal y por los estatutos acordados por los propietarios.

Es un sistema de ejecución de planes urbanísticos, por el que los propietarios de los terrenos realizan a su costa las obras de urbanización bajo la vigilancia de la Administración.

Es una oficina pública que tiene la obligación de llevar los libros oficiales en los que consten todas las circunstancias que afectan a las fincas de su demarcación: hipotecas, contratos de compraventa, embargos, etc.

Es un valor administrativo de referencia que figura registrado en el Catastro que, a efectos fiscales, tasa un bien inmueble mediante la aplicación de un conjunto de normas técnicas. No tiene que ser coincidente con el valor de mercado y está formado por el valor del suelo y, en su caso, por el valor de la construcción. El Catastro es el censo y padrón estadístico de dichos bienes inmuebles.

Bajo esta denominación se incluyen las viviendas construidas por la Administración y destinadas, a familias con ingresos ponderados anuales inferiores a 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Según la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda, se consideran como protegidas concertadas aquellas viviendas calificadas como tal por la Consejería competente, que posean un precio máximo de venta adecuado a esta calificación. Tendrán una superficie máxima de 90 m2 que podrá alcanzar los 120 m2 en caso de existir condiciones sociales que así lo requieran, y se destinarán para uso propio o para su cesión en alquiler, como residencia habitual del propietario o inquilino.

Son viviendas de nueva construcción o de segunda mano que no están sujetas a ningún régimen de protección pública.

Según los Planes Estatales de Vivienda, son viviendas así calificadas por la Administración cuya superficie, salvo excepciones, no supera los 90 m2 y que se destinan a familias con ingresos medios. Los ingresos anuales de las familias solicitantes no pueden ser superiores a 5,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) si la vivienda se acoge al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, o de 4,5 veces el IPREM si se acoge al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012. Dichas viviendas tienen un precio máximo de venta que se obtiene aplicando al precio básico unos coeficientes que pueden variar dependiendo del municipio en el que se ubique la vivienda.

Son viviendas no superiores a 70 m2, salvo excepciones, destinadas a familias con ingresos limitados. Los ingresos anuales de las familias solicitantes no deben superar 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples y el precio máximo de venta se obtiene aplicando al precio básico unos coeficientes dependiendo del ámbito territorial en que se ubique el municipio.

Son viviendas destinadas a familias cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y que conllevan una financiación autonómica para el promotor y el comprador.

Son aquellas viviendas previstas por la Administración Pública para personas de renta baja o colectivos en riesgo de exclusión social.

Son viviendas protegidas en régimen de alquiler en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Son viviendas destinadas a compradores cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y con una superficie útil máxima de 90 m2.

Acto administrativo emitido por el órgano autonómico competente en materia de vivienda, en el que se declara la protección de una vivienda protegida y se especifican sus características y su precio máximo.

Son una tipología de viviendas semipúblicas que se dan en determinadas Comunidades Autónomas, cuyo precio se encuentra limitado legalmente y que están dirigidas a personas o familias de rentas medias que tienen dificultades para acceder a un vivienda en el mercado libre.

Hace referencia al cupo en el que se incluyen aquellos solicitantes que, siendo propietarios o arrendatarios de una vivienda de promoción pública, soliciten otra vivienda protegida con el fin de mejorar. Estas personas deberán comprometerse, en caso de resultar adjudicatarios de una nueva, a poner la anterior vivienda a disposición de la autoridad competente, libre de cargas e impuestos, para que pueda ser adjudicada a otros solicitantes en convocatorias posteriores.

Las viviendas dotacionales públicas son un tipo de viviendas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades temporales de colectivos de personas con necesidades de asistencia o emancipación (personas mayores y jóvenes, principalmente). Las viviendas dotacionales para jóvenes están planteadas como una modalidad promovida en régimen de alquiler y a precio asequible, destinado a un colectivo que, por su reducida capacidad adquisitiva, no tiene acceso al mercado de vivienda tradicional.

Es la cuantía de euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en el Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Dicha cuantía se fija en 728 euros por metro cuadrado de superficie útil.

Son agrupaciones de municipios, municipios o ámbitos intraurbanos en los que, debido a sus especiales dificultades de acceso a la vivienda, se admite la posibilidad de que los precios máximos de las viviendas protegidas o usadas acogidas a la normativa de los Planes Estatales de Vivienda, se incrementen por encima de los precios máximos establecidos con carácter general.

Bajo esta denominación se incluyen las viviendas protegidas de iniciativa autonómica destinadas a la venta o al uso propio, y que se dirigen a familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM. Tienen una superficie construida máxima de 110 m2 y un régimen legal de protección de 20 años a contar desde la fecha de su calificación definitiva.

Es un acuerdo suscrito por una Administración con otras personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), con el fin de mejorar la eficacia de un desarrollo urbanístico. De acuerdo a la legislación aplicable, la negociación, celebración y cumplimiento de los convenios urbanísticos se rigen por los principios de transparencia y publicidad.

Aquella que resulta accesible a personas con discapacidad y que les facilita su autonomía y desenvolvimiento personal.

Bajo esta denominación se incluyen las viviendas protegidas de iniciativa autonómica destinadas a la venta o al uso propio, y que se dirigen a familias con ingresos inferiores a 7,5 veces el IPREM. Tienen una superficie construida máxima de 150 m2 y un régimen legal de protección de 20 años a contar desde la fecha de su calificación definitiva.

Es un caso particular de la vivienda unifamiliar, obtenida al adaptar una vivienda unifamiliar ya existente mediante su ampliación o modificación con el fin de obtener otro alojamiento en la misma parcela.

En ningún caso esta modificación o ampliación, para obtener una vivienda bifamiliar, podrá sobrepasar el valor de los parámetros de ordenación y edificación propios de la parcela, obligándose a la reserva de una plaza de aparcamiento por cada alojamiento.

Son viviendas de nueva construcción, promovidas al amparo del Programa de Vivienda Media de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya superficie útil se encuentra entre 30 y 120 m2 y cuyo precio máximo de venta o adjudicación se encuentra fijado legalmente de acuerdo a su superficie y ubicación geográfica.

Este tipo de viviendas está destinado a personas o familias con ingresos familiares iguales o inferiores a 7,5 veces el IPREM.

Se considera superficie útil de la vivienda la suma de la superficie interior del suelo de la vivienda, delimitada por sus cierres (tabiques, paredes, pilares, etc.) con el exterior o con otras viviendas o locales medidos desde la cara o límite interno de los mismos, más la mitad de la superficie de propiedad privada de la vivienda correspondiente a los espacios exteriores (balcones, terrazas y tendederos), hasta un límite del 10% de la superficie interior de la vivienda.

Conjunto de documentación que detalla y describe una obra nueva o edificio recién construido y que es entregado a los compradores para su conocimiento y mantenimiento posterior. Es obligatorio que el promotor lo entregue a la comunidad de propietarios según la Ley de Ordenación de la Edificación. Se trata en cierta medida de los documentos escritos y gráficos que registran la historia de la edificación del edificio. Es por tanto un documento útil a la hora de exigir responsabilidades en el caso de que el edificio ocasionara problemas derivados de la ejecución de la obra.

Como tal, el libro del edificio recoge:

• Las instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Se indican revisiones obligatorias y convenientes de las instalaciones (calefacción, fontanería) y plazos máximos recomendados.

• El mantenimiento de los materiales usados en la construcción para que sean observados por el usuario final de la vivienda.

• El Proyecto de obra, juntamente con los modificados y reformados que se hayan producido, debidamente aprobados.

• El acta de recepción de la obra.

• La relación identificativa de los intervinientes en el proceso de edificación.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) sirve para controlar el cumplimiento de la obligación de los propietarios de edificios y construcciones de conservarlas llevando a cabo las medidas de subsanación necesarias para ello.

Dicha inspección técnica consta de un estudio que revela el estado de la vivienda en cuanto a condiciones de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación de estructuras, según se establece en la normativa urbanística vigente así como en la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de la Edificaciones (OCRERE).

Si en una ITE se constata que alguna de las condiciones indicadas anteriormente no alcanzara las cotas mínimas exigidas por la normativa urbanística vigente, dicha ITE tendrá un resultado desfavorable, siendo necesario llevar a cabo las obras pertinentes para su subsanación.

Es el instrumento empleado por una Administración Pública dirigido a facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda protegida y, en algunos casos, libre, mediante una inscripción que incluya a los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos para acceder a dicha vivienda (mayoría de edad, empadronamiento, ingresos familiares, etc.). Además, servirá como medio de control en la adjudicación de este tipo de viviendas y permitirá conocer el número real de población que cumple con los requisitos exigidos para su solicitud.